Los trastornos del comportamiento en el sistema de protección a la infancia y adolescencia: la conducta de los menores y el papel de los profesionales
PDF: galan-conducta-menores-papel-profesionales.pdf | Revista: 43-44 | Año: 2007
Respecto al tiempo trabajado, aparecen diferencias en los ítems más referidos a las necesidades de los propios trabajadores, de modo que el paso de los años implica un deseo de mayor reconocimiento salarial y profesional, y de un mayor apoyo psicológico, nuevamente con un ligero descenso para aquellos con más de diez años de antigüedad.
Entre las peticiones que realizan los profesionales, se incluye la formación. En efecto, la reclaman en relación a todas las áreas que se proponen como posibilidades (desde características generales sobre la adolescencia, hasta cuestiones más específicas en relación al manejo de las conductas problemáticas). Al preguntar a los profesionales sobre la modalidad formativa que les satisfaría y en la que participarían, existe disposición a recibir formación en formatos muy diversos, y estas peticiones son bastante similares en relación al tipo de recurso.
Respecto a las diferencias por antigüedad, resulta llamativo que sean sistemáticamente los más novatos quienes consideren menos necesaria la formación; esto pudiera deberse a que proceden de la reciente titulación universitaria de Educación Social, y que por ello se sientan satisfechos con su formación académica; no obstante, puede resultar peligroso que juzguen innecesario adquirir un mayor bagaje de conocimientos.
Entrando más directamente en el ámbito de las conductas disruptivas, las experiencias de agresión sufridas por el propio profesional no son habituales, especialmente las de carácter físico. Ser espectador de agresiones es algo más frecuente. No aparecen diferencias según la antigüedad en el puesto de trabajo. Nuestros resultados son similares a los del estudio de Díaz-Aguado, Martínez y Martín (2002); en su investigación, y dentro del rango recogido por las frecuencias “algunas veces”, “a menudo” y “muchas veces”, obtenían los siguientes porcentajes: a) el 10 % de los profesionales había sufrido agresiones físicas; b) el 53 % había experimentado agresiones psicológicas; y c) el 10 % había sufrido violencia sobre sus posesiones. Estos tres porcentajes subían ligeramente cuando se trataba de ser espectador de esos sucesos.
La actitud de los profesionales ante las peleas entre adolescentes implica una evitación de la pasividad o de limitarse a poner un castigo; no obstante, esto ocurre en algunas ocasiones. Lo que se plantea como alternativa es sobre todo un trabajo individual con los implicados (búsqueda de alternativas, enseñar a ponerse en el lugar del otro…), mientras que acciones que impliquen al grupo (como aplicar sanciones en un contexto democrático) son menos utilizadas. Nuevamente nuestra investigación ofrece resultados similares a los del estudio de Díaz-Aguado, Martínez y Martín (2002); por ejemplo, usando la misma escala de 1 a 5, en dicho estudio la puntuación media en el ítem referente a no saber impedir la violencia era de 1,99, frente a la mediana de 2 en nuestra investigación.
Los recursos residenciales ponen en funcionamiento acciones dirigidas a prevenir la violencia entre adolescentes. Resulta llamativo que las menos utilizadas son las relativas a la formación de los profesionales (son los dos únicos ítems con un valor inferior al 50 %). El grueso de las actividades se centra en los propios menores (desarrollo de habilidades sociales y emocionales, trabajo psicológico individual…), aunque también se recoge alguna actividad del grupo de adultos, o de forma conjunta menores-profesionales (por ejemplo, trabajar democráticamente sobre las normas de convivencia).
5. CONCLUSIONES
Este estudio parte de cierta percepción subjetiva que se tiene al pensar en los recursos residenciales, concibiéndolos como lugares violentos, donde los profesionales se encuentran cansados y hastiados. El deseo de conocer las dimensiones exactas de las dificultades de los menores y de las actitudes y necesidades de los educadores, ha motivado este trabajo de investigación.
La primera conclusión de nuestro estudio es que dentro del sistema de protección a la infancia existe un grupo importante de menores que presentan conductas problemáticas. Pero al mismo tiempo, y en contra de cierta opinión social, un grupo muy numeroso de estos menores muestra un comportamiento de ajuste a las normas. La imagen social de los centros de acogida como lugares altamente conflictivos podría relacionarse con la existencia de dos subgrupos de menores: a) el pequeño grupo que aparece en nuestro estudio por presentar numerosas conductas negativistas y disociales, algunas de ellas de gravedad; y b) el de casos graves derivados a centros especializados.
Respecto a los profesionales que se encargan del cuidado diario de los menores, hemos encontrado unos niveles moderados o altos de satisfacción con la labor realizada. No obstante, algunas matizaciones pueden ayudar a enriquecer esta aportación:
- Los profesionales demandan cambios muy numerosos en el funcionamiento de los recursos, solicitando la introducción de mejoras que les afectan en lo personal (incluyendo apoyo psicológico) y en lo organizacional. Además, y sin que deba considerarse como una queja, existe una petición generalizada de formación en ámbitos muy diversos.
- Aunque en porcentajes reducidos, los profesionales están expuestos a situaciones de violencia, que sufren directamente o de las que son testigos; ante ellas, hacen uso de distintas estrategias para su manejo o prevención.
- No hemos realizado un estudio longitudinal, pero los resultados por franjas de antigüedad laboral de los profesionales nos advierten sobre el proceso de burnout de muchos de ellos. Al mismo tiempo, nos señala la existencia de un grupo de profesionales muy veteranos que conservan la motivación por su labor.
Consideramos que este trabajo aporta una visión más exacta y comprehensiva de la realidad de nuestros recursos residenciales del sistema de protección a la infancia y adolescencia, tanto en lo referente a los menores como en lo relativo a los profesionales. Y que por ello, puede aportar conocimientos útiles para los profesionales en contacto con estas dos poblaciones (los menores y sus equipos educativos) y para los gestores que planifican los recursos que atienden a la infancia en desprotección.
